Mariano Ospina Pérez toma juramento al Teniente General Gustavo Rojas Pinilla
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BRUNA MERCEDES PEÑA SOLANO
SERGIO RIVERO
Expansión escolar
Varios años transcurrieron entre el momento de la decisión del gobierno de López Pumarejo y la multiplicación real de las escuelas y los alumnos y la adopción de nuevas líneas en la formación de maestros. La expansión escolar se produce a fines de la segunda guerra mundial y sobre todo en los años cincuenta.
Cuando la población aumentaba en un 36%, el número de alumnos inscritos en la educación primaria creció en un 104% más en el sector privado que en el público, la progresión se efectuó casi completamente en beneficio de la enseñanza urbana en la cual los alumnos aumentaron en un 111%, mientras los escolares rurales aumentaron solo el 57%, en conclusión: crecimiento de la enseñanza urbana, auge de la enseñanza privada a partir de 1950.
El crecimiento demográfico, urbanización y alfabetización
La población de Colombia en estas dos décadas aumentó cada vez más rápidamente: el 2.4% por año. La alfabetización se generalizaba: en 1938 un poco más de un colombiano sobre dos sabía leer y escribir; en 1964 casi tres sobre cuatro.
Por otra parte la urbanización no era uniforme pues se hacía alrededor de ciertos polos, los habitantes más educados de las zonas rurales tendían a emigrar a una ciudad, desde 1918 los desequilibrios regionales se hallaban lejos de resolverse, los departamentos mas desarrollados eran los más alfabetizados; Antioquia, Caldas y Atlántico tenían una tasa de alfabetización del 75%; Cundinamarca y Valle del 70%; pero en regiones como Boyacá, Santander del sur, Cauca, Chocó, Bolívar y Magdalena, más de la mitad de los habitantes no sabía leer ni escribir.
La transformación de la economía y de la estructura de la población activa
Entre 1938 y 1957 el sector primario disminuyó; la mano de obra liberada fue casi en su totalidad absorbida por el sector terciario; el sector secundario (industria y construcción) avanzó poco, la parte de la industria manufacturera permanecía débil. La agricultura era deficitaria y Colombia importaba cereales, azúcar, cacao, carne y algodón, lo que provocaba un alza del precio de los productos de consumo; a partir de 1950 los cultivos comerciales comenzaron a sustituir a la crianza de ganado en planicies; además de la papa, el maíz y el arroz, producidos en gran escala hicieron su aparición nuevos cultivos (sorgo, ajonjolí, y soya).
La industrialización requiere trabajadores que sepan leer y escribir. El primer empadronamiento industrial nacional en 1945 mostró que más del 87% del personal de la industria y del artesanado se hallaban alfabetizados, estas cifras demuestran de una parte que, con una tasa de alfabetización muy elevada, el proletariado industrial y los artesanos constituían una clase social situada por encima de las masas populares propiamente dichas, de otra parte, que el ritmo de desarrollo del sector secundario variaba considerablemente de una a otra región.
Acentuación de las diferencias sociales
Los salarios reales de los trabajadores tanto urbanos como rurales, disminuyeron constantemente hasta la mitad de los años de 1950 mientras que una parte de las élites se enriquecía con la especulación y el aumento de la producción; se ahondó la diferencia entre los poseedores y la gran masa de los colombianos.
Los más educados, los que podían ensayar ganarse la vida en algo distinto a la agricultura, se iban a las aldeas y a las grandes ciudades a buscar un empleo en el sector terciario o en la industria; los iletrados se enganchaban en la construcción y el trabajo doméstico; muchos se debían contentar con pequeños empleos marginales, día a día recorrían las calles y no hallaban trabajo continuo. La estrechez del mercado laboral era el problema mayor de Colombia.
Las profesiones liberales, la alta administración, los cuadros superiores, constituían una capa superior de las clases medias, bien separada de las de los pequeños comerciantes, empleados, funcionarios, campesinos medios y ciertos artesanos cuya situación se agravaba progresivamente. Estos grupos sociales tenían la obligación de adquirir instrucción secundaria o incluso superior, para lograr adaptarse a las necesidades del mercado de personal calificado o sostener su posición social.
La evolución política y el problema educativo.
De Eduardo Santos a la Violencia de mitad de siglo (1938-1948)
Este periodo de transformaciones estructurales puso a prueba a las élites y a los responsables políticos. Eduardo Santos, un liberal moderado, sucedió en la presidencia a López Pumarejo, el de la Revolución en Marcha; la administración de Santos, llamada La Pausa, respondía a las esperanzas de las élites de frenar las transformaciones. En las elecciones de 1942, López Pumarejo consiguió ganar de nuevo el poder, pero su segunda administración chocó inmediatamente con la oposición de las élites que lo obligaron a seguir en gran parte la línea fijada por Santos; apresado brevemente por el ejército en Pasto en 1944 y luego denunciado por ciertos escándalos por el periódico El siglo, en 1945 renunció a la presidencia.
Un liberal moderado, Alberto Lleras ejerció el poder hasta la elección presidencial de 1946; convencido de que sólo un gobierno bipartidista podía asegurar la paz política y el desarrollo económico, Lleras designó varios conservadores en los cargos ministeriales. En las elecciones el partido liberal se presentó dividido, con la candidatura rebelde de Jorge Eliécer Gaitán y la candidatura oficialista de Gabriel Turbay, mientras que el partido conservador se encontraba reunido alrededor de Mariano Ospina Pérez; este último triunfó aunque la suma de votos en favor de Turbay y Gaitán daba mayoría a los liberales.
Mariano Ospina Pérez encarnaba a las élites modernizantes, contaba con la confianza de industriales, financistas, grandes comerciantes; sin embargo, sus intenciones de compartir la burocracia con el partido conservador, chocaban con el radicalismo del jefe conservado Laureano Gómez. Con la polarización de los dos partidos alrededor de las figuras extremas —el conservador Gómez y el liberal Gaitán—, el conflicto se amplió y en febrero de 1948 los liberales se retiraron del gobierno de Ospina por falta de garantías.
El 9 de abril y la violencia (1948-1957)
El 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán cayó asesinado en pleno centro de Bogotá. El asesinato de Gaitán sirvió de detonante de la frustración de los campesinos desplazados a las ciudades, de los citadinos sin empleo y de los trabajadores que veían cada día empeorar sus condiciones de vida. La ola de furia que desató el crimen destruyó varios edificios ligados a la educación, lo cual se interpreta como un rechazo a la política escolar del Estado, insuficiente y elitista, y un rechazo al compromiso de las congregaciones educativas religiosas con la oligarquía nacional. Muestra también cómo la Iglesia, al hacer el juego al partido conservador, había perdido su dominio sobre el pueblo, que llegó a considerarla como responsable de su desgracia.
A raíz del Bogotazo, liberales y conservadores negociaron la creación de un gobierno de “unión nacional”: Mariano Ospina Pérez conservaba la presidencia y el liberal Darío Echandía asumía el ministerio de gobierno, mientras que Laureano Gómez se refugiaba temporalmente en España.
Los liberales se retiraron de las elecciones presidenciales de 1950, por falta de garantías. Laureano Gómez, de regreso al país, fue elegido siendo candidato único. Su ascenso a la presidencia contribuyó a agravar la guerra civil. Los métodos ejercidos por los partidarios de Gómez para asegurar la hegemonía conservadora, además de humillantes para los liberales se hicieron intolerables para el ala moderada del partido conservador.
Para resolver esta situación, el 13 de junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder mediante un golpe militar. La violencia se suavizó pero la paz era frágil y con las primeras acciones represivas del ejército, la guerra civil resurgió con una orientación más social que antes; Rojas Pinilla se desvió del rol de pacificador que se le había confiado y empezó a crear su propio partido de corte populista utilizando reformas sociales (reforma fiscal, salario mínimo, seguridad social, derecho al voto femenino), lo cual generó el malestar de las élites, que acordaron suprimir la dictadura. En mayo de 1957, Rojas Pinilla cedió el poder a una junta militar, hasta la constitución del Frente Nacional, aprobado por un referendo popular en 1958.
La cuestión educativa
El gobierno de Santos se dedicó principalmente a administrar los efectos de la segunda guerra mundial; su programa contemplaba para la educación una cruzada higienista, el desarrollo de la instrucción primaria y una amplia apertura de la enseñanza a las clases medias y a las mujeres, el impulso al sector público, la eliminación del analfabetismo y la orientación técnica de la enseñanza. El gobierno de Ospina defendía las campañas de alfabetización y una orientación más técnica de la enseñanza, mejor adaptada a las necesidades del desarrollo económico. Una diferencia separaba a los dos partidos, al menos en sus intenciones políticas: los liberales querían desarrollar el sector público en todos los niveles mientras que Ospina, como los conservadores y clérigos, estimaban que el Estado debía desarrollar la enseñanza primaria y dejar la enseñanza secundaria al sector privado.
Inmediatamente después del 9 de abril se modificó la política educativa del gobierno. Ospina nombro un liberal moderado, Fabio Lozano y Lozano en el Ministerio de educación. Una de las primeras decisiones consistió en intensificar en todos los niveles la enseñanza de historia patria y civismo, considerados como esenciales para la conservación de la cohesión social y de la paz política. La comisión social del partido conservador recomendaba la adopción de medidas apropiadas para mejorar las condiciones de vida de las clases populares: entre aquellas una nueva gran campaña por la educación primaria y el proyecto de crear un servicio civil femenino de vocación escolar; igualmente contemplaba “una firma orientación educativa hacia la moralización y la recristianización del pueblo, hacia la compresión de la patria, la veneración de los héroes nacionales y la práctica de sentimientos de solidaridad y dignidad humanas”.
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado
La cuestión educativa no se arregló; mientras el gobierno proponía que la instrucción religiosa fuera obligatoria en el sector público y opcional en el sector privado, el Vaticano consideraba que esta última fórmula debilitaría la iglesia
Después de la victoria del partido conservador, la Iglesia no recuperó su antiguo poder en la educación, a pesar de las declaraciones de los ministros de educación de Ospina a favor de la restauración de la doctrina cristiana. El gobierno no despidió a los educadores anticlericales ni firmó nuevos contratos con congregaciones religiosas para la dirección de establecimientos nacionales.
La enseñanza privada católica pudo sin embargo desarrollarse con libertad, efectivamente, hasta el nombramiento de Manuel Mosquera Garcés, a fines de 1949, la educación fue confiada a ministros liberales, conservadores moderados y clericales que en general no tuvieron tiempo de dar una orientación definida a su política. De otra parte al país le faltaban demasiados maestros con una formación pedagógica moderna como para que pudieran licenciarse los docentes formados durante los años 1930. A través del arzobispo de Bogotá la Iglesia condenó la sublevación popular la cual atribuía a la laicización y a la falta de moralidad de la sociedad colombiana. Sostenía que la Universidad Nacional había tenido un papel decisivo en la destrucción de los bienes eclesiásticos. La confederación colombiana de colegios católicos (CCCC) publicó un editorial titulado “La tragedia” en la revista interamericana, que acusaba a la política educativa de La Revolución en Marcha de ser la causa de la sublevación del 9 de abril.
Reencuentros parciales entre la Iglesia y el Estado bajo los gobiernos conservadores
Los jesuitas de la Universidad Pontificia Javeriana fundaron después del 9 de abril un instituto de estudios sociales cuya finalidad era preparar sacerdotes y religiosos para ayudar a las clases populares y hacer frente a las doctrinas socialistas y comunistas. Desde 1949 hasta 1953 el gobierno se esforzó en conciliar con la Iglesia. Los ministros de educación repetían incansablemente que harían lo imposible por estimular la enseñanza privada católica y que la Iglesia debía reencontrar su papel directivo en la educación nacional. El ministro de educación dijo en todos los tonos que daría más importancia a la enseñanza de la religión y de la moral en las escuelas primarias, secundarias y normales. A pesar de todo no se cambió una coma en los programas de estudios. El ministerio creyó conveniente enviar una advertencia a todos los maestros señalándoles que debían dedicar tiempo libre del programa a la religión.
De manera más abierta el gobierno confió de nuevo la dirección de determinados establecimientos nacionales a congregaciones religiosas. En Bogotá los jesuitas recuperaron el colegio de San Bartolomé y los hermanos cristianos el Instituto Técnico Central. A los salesianos se les asignó la dirección de varias escuelas públicas de formación profesional; dos colonias de vacaciones nacionales fueron entregadas a congregaciones femeninas.
La política general del Ministerio de educación
El ministerio de educación nacional no era un ministerio clave y la escogencia de su titular dependía a veces menos del interés de éste para la educación que de la necesidad de equilibrar la representación política en el seno del gobierno.
Santos tuvo cinco ministros de educación entre los cuales Alfonso Araujo y Jorge Eliécer Gaitán permanecieron más de un año; López tuvo nueve que se sucedieron con una rapidez desconcertante, a excepción de Antonio Rocha quien duró casi dos años; Lleras Camargo dejó a Germán Arciniegas en su cargo durante su breve periodo; Ospina nombró diez ministros de educación; Gómez y Urdaneta cuatro y Rojas Pinilla cinco. En total 34 ministros desfilaron en 19 años. La mayor parte de ellos no iniciaban nada o no tuvo tiempo de emprender una reforma educativa ni una profunda restructuración del Ministerio de educación; algunos ministros se destacaron, como: Jorge Eliécer Gaitán, Antonio Rocha, Rafael Azula Barrera, Lucio Pabón Núñez, Aurelio Caicedo Ayerbe y Gabriel Betancur Mejía. En 1940 Gaitán procuró centralizar y unificar el sistema escolar; en el plano financiero tenía la intención de obligar al Estado central, departamentos y municipios a asignar un porcentaje de su presupuesto a la educación y crear un fondo para la educación controlado por el ministro de cada departamento. El Ministerio de educación sería el único responsable de la orientación pedagógica, la escogencia de programas escolares y la inspección de las escuelas; le correspondería igualmente los nombramientos y fijación de salarios de todo el personal de educación pública desde los maestros hasta los directores departamentales.
En 1947 Ospina creó el Consejo Superior Permanente de Educación, cuya función era asegurar la continuidad de las políticas educativas, seis miembros del consejo escogidos para periodos de tres años y reelegibles, representaban diferentes sectores educativos; el séptimo era el ministro de educación, quien asumía la presidencia del organismo. La función del Consejo Superior Permanente consistía en asegurar cierta continuidad en la representación del Ministerio de educación. En 1946 Colombia entró a formar parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura —UNESCO—. Fue la primera de toda una serie de medidas destinadas a atraer capitales extranjeros para la educación.
En 1950 se creó el Instituto de Especialización Técnica en el Exterior –ICETEX—. Constituyó de hecho la primera realización educativa del futuro ministro de educación Gabriel Betancur Mejía, quien concibió el proyecto a raíz de sus estudios de maestría en la universidad de Syracuse (EEUU). El ICETEX cumplió con fines como: coordinar los programas de asistencia técnica ofrecidos por los organismos internacionales y extranjeros con las necesidades de Colombia, definir las necesidades de la economía colombiana en cuanto a personal calificado, en particular en lo tocante con la “administración pública, las universidades, la industria, la agricultura, las cooperativas” y designar los institutos extranjeros capaces de contribuir a llenarlas y, por último, seleccionar los candidatos a especialización, suministrarles una preparación preliminar, conceder a los más necesitados prestamos para sus estudios y supervisar su residencia en el extranjero.
